domingo, 22 de septiembre de 2013

Reforma Hacendaria Municipalista

 Al margen de la gran controversia que ha generado la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal, existe una arista que vale la pena analizar y es la que tiene que ver con el impacto de la reforma en los municipios.

A manera de resumen, las principales ventajas que obtendrán los municipios de esta reforma son las siguientes:

1. Por primera vez en la historia, se incluirá a los municipios en el Sistema  Nacional de Coordinación Fiscal, que es el órgano responsable de definir las reglas de distribución de los recursos fiscales del país. El asiento en este consejo de altísimo nivel estará a cargo del alcalde o alcaldesa que presida la Conferencia Nacional de Municipios, que es el órgano que agrupa a las tres principales asociaciones de presidentes municipales de México.

2. Se fortalecerán las Haciendas locales mediante novedosos esquemas de compensación y financiamiento. Por ejemplo, a partir de 2015, el monto total del ISR que los municipios pagan por deducciones a empleados municipales, será reintegrado al 100% a las Tesorerías Municipales. Para el municipio de León, con más de 5 mil empleados, este solo concepto traería de regreso a las arcas municipales cerca de 300 millones de pesos al año.

Los municipios que no tengan la capacidad técnica o económica para gestionar el cobro del predial, podrán optar por suscribir convenios con los gobiernos estatales para hacer más eficiente el cobro de ese gravamen, ampliando sus ingresos en lo inmediato, y en el mediano plazo mediante el aumento de participaciones por eficiencia recaudatoria.

Los municipios podrán captar financiamiento en el mercado bursátil, utilizando como garantía las participaciones federales, abriendo la posibilidad a mejores condiciones de contratación de deuda.

3. Se actualiza y flexibiliza el esquema de participaciones federales, mediante la modificación de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal para incentivar la eficiencia recaudatoria, dirigiendo el 30% de sus recursos hacia los municipios que muestren incrementos en la recaudación del predial.

Se plantean mecanismos para agilizar la entrega de recursos, como la generalización – hoy ya existente de manera limitada para algunos programas federales- de la entrega de recursos de las secretarías de finanzas estatales a los municipios en cinco días hábiles a partir de la recepción de los recursos por parte de los Estados.

Los municipios podrán destinar recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para actualizar sus sistemas de recaudación y para el pago de adeudos con la CONAGUA.

Se modifica la formula de distribución del Fondo de Fiscalización para incluir el concepto de recaudación. Se flexibilizan las reglas de operación para el uso por parte de los municipios de recursos provenientes de la venta de gasolinas y diesel, además se transparentará su traspaso, al hacer obligatorio para los Estados la publicación de los montos en los periódicos oficiales locales. El fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social transforma su fórmula de distribución para garantizar una repartición más equitativa y se actualizarán de manera bianual –versus cada 10 años actualmente- los indicadores de pobreza extrema y rezago social, y se garantiza a los municipios la entrega de cuando menos el monto recibido este 2013.

4. Para los municipios que cuentan con yacimientos de hidrocarburos y mineros, se crea el Fondo de Estabilización por Extracción de Hidrocarburos y el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Municipios Mineros.

5. Se flexibilizan a partir de 2014 las reglas de operación de Deporte y Cultura, permitiendo ejercer de manera más eficiente los recursos de estos rubros.

6. Se amplían los recursos para cumplir con las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental para la armonización de sistemas contables y el modelo de presupuesto basado en resultados.

7. En promedio, aumentarán las participaciones federales a los municipios en un 10%.

Estas son sólo algunas de las variables que presenta la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el Presidente de la República al Congreso. Sin duda es una reforma que beneficiará a todos los municipios, que verán más dinero en sus cuentas para cumplir con las obras, programas y proyectos que la ciudadanía demanda día a día.

domingo, 21 de abril de 2013

Despidos de Policías: la Emergencia Económica en Puerta


El despido de decenas –en algunos casos, cientos- de policías de las diferentes corporaciones municipales impone retos descomunales a las administraciones locales. Sin importar el tamaño del municipio, cada entidad vive la tragedia a su escala.

El drama se vive a varios niveles. Se vive en el impacto que tiene sobre la seguridad municipal la baja de elementos, generando no sólo un tema de percepción de la seguridad, sino en la efectividad real de las diferentes corporaciones para cubrir sus territorios, lo que implica que los elementos que sí  permanecen en la policía, tienen que hacer más turnos y horas de los que hacían regularmente.

Pero una de las tragedias que no se puede obviar en este doloroso proceso de bajas policiales es la económica. Vayamos por partes. La ley obliga a los municipios a someter a sus cuerpos policiales a controles de confianza. Los policías que no aprueben los controles, tienen que ser dados de baja de la corporación y liquidados económicamente como lo manda la ley.

El sistema actual presenta imperfecciones en las mismas pruebas y en los procesos que emanan de ellas. Una manera de evitar las onerosas liquidaciones que la mayoría de los municipios tenemos que enfrentar en el proceso de baja, sería que los elementos que reprueban por vínculos con el crimen organizado, no fueran dados de baja, sino que se iniciaran procesos penales en su contra, evitando así las liquidaciones. Sin embargo, los controles de confianza no arrojan evidencia sólida -que pueda ser sostenida ante un juez- de que el elemento en cuestión tiene vínculos con los criminales. Las pruebas poligráficas, toxicológicas, socioeconómicas y muchas más, que se aplican a los policías, simple y sencillamente no dan elementos para que las Procuradurías Estatales inicien procesos penales en contra de los policías que están ligados a bandas criminales. Así pues, se turna a los municipios la responsabilidad de iniciar los procesos de baja, que en lo legal son muy frágiles.

Si los municipios no tienen reglamentos claros y precisos de los consejos de honor y justicia de sus cuerpos de seguridad pública, es probable que las demandas por separación del cargo por los reprobados inconformes lleguen por decenas o centenas, imponiendo cargas financieras imposibles de cubrir para la mayoría de los municipios.

La ley, bajo el esquema actual, nos dice que todos los policías que no aprobaron las pruebas de control de confianza, tienen que ser dados de baja a más tardar en  Octubre del presente año. Con esto dicho, los procesos de baja tienen que estar terminados, si o si, para esa fecha, so pena de perder apoyos federales para el combate a la inseguridad. Existen algunas variables en la presente ecuación. Una de ellas es que el Gobierno Federal recién entrado, está revisando la ley en los términos actuales y en un par de meses emitirá una opinión sobre si las cosas seguirán igual o si habrá modificaciones a la ley. Otra variable es que se extienda el periodo de cumplimiento de bajas de policías reprobados más allá de  Octubre del 2013. Sin embargo, éstas sólo son posibilidades, no certezas.

En este contexto, el criterio prudencial que rige tanto las finanzas públicas y privadas, obligaría a los municipios a generar un pasivo contingente para abarcar el peor escenario financiero posible respecto a la baja de policías reprobados en las pruebas.

En el caso del Municipio de León, hemos hecho cálculos de liquidaciones que rondan los 36 millones de pesos para todos los elementos que no han aprobado satisfactoriamente las pruebas de confianza. Sin embargo, queda la posibilidad de que un buen número de elementos decida litigar la decisión de su separación del cargo. Con inminentes demandas laborales en puerta, el número podría ser considerablemente mayor. Sobra decir que éste pasivo oculto no está presupuestado para el presente ejercicio fiscal.

Se plantea con frecuencia que si las liquidaciones de policías afectan las finanzas municipales y la respuesta es un rotundo sí. Al no contar con partidas federales ni estatales especiales para liquidar policías en estas cantidades (Subsemun sí prevé una pequeña cantidad para liquidaciones de policías), los municipios tienen que echar mano de recursos propios, endeudarse, pedir  adelantos de participaciones, recortar el gasto, bajar el ritmo de proyectos y programas, vender propiedades municipales, o una mezcla de todas las anteriores.

La tragedia financiera que estamos enfrentando todos los municipios, de todos los colores a causa de los despidos de policías, muestra el desconecte que existe entre la política pública que se tomó a nivel federal en la pasada administración, y la realidad que vivimos los municipios. La política bajó del escritorio de los señores legisladores, hasta parar en los escritorios de funcionarios municipales que simple y sencillamente no tenemos en la caja de herramientas la llave que arreglará el desperfecto que nos llegó de allá arriba.

Puede que se cambie la política federal respecto a las pruebas de confianza de los policías, puede que no. Puede que se extienda la fecha límite de Octubre para concluir con las bajas, puede que no. Puede ser que los municipios ganen las demandas laborales que se interpondrán contra los despidos de los policías, puede que no. La única certeza es que todos los municipios que enfrentan despidos de policías, tendrían que estar pensando ahora mismo de dónde sacarán el recurso para pagar estas liquidaciones y los montos de probables demandas para fines de este año.

Como suele suceder, nos vemos en la coyuntura de elegir entre la menos mala de muchas opciones: congelar sueldos y contrataciones, reducir la plantilla de funcionarios y trabajadores municipales, reducir el gasto corriente, detener obras y programas que no sean esenciales para el cumplimiento de los programas de gobierno, congelar apoyos a instituciones y paramunicipales, entre otras medidas emergentes.

Sin duda, la profesionalización y depuración de los cuerpos de seguridad municipales es una prioridad para la Nación. Pero el camino que hay que recorrer entre lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr, esta plagado de incertidumbres y lagunas que al día de hoy no sabemos cómo resolver a nivel municipal. Sólo hay una constante en el proceso de profesionalización y depuración de nuestras policías: costará dinero, mucho, muchísimo dinero a los municipios. ¿Alguien previó eso en algún momento... o en alguna partida?

Roberto Pesquera
Tesorero Municipal de León Guanajuato