Violencia y Deshonra

El miércoles 6 de Abril se realizaron múltiples marchas a lo largo y ancho del país pidiendo un alto a la violencia en México. Las demostraciones de indignación por lo que ocurre en todo el territorio nacional son muestra, una vez más, del hartazgo de la población por la clara incapacidad de nuestros líderes para poner orden en un país que corre como caballo desbocado hacia un precipicio. Uno de los factores que más ha agraviado a la sociedad, es la manera en la que se han tratado a los difuntos de esta lucha-guerra-combate o como se le quiera llamar, contra el crimen organizado.

Los casos y expedientes de miles de muertos –ya no se sabe si son 30, 35 ó 40 mil- que aparecen diariamente en las calles, caminos, carreteras y puentes de nuestro país, están destinados a ser desechados por las autoridades que no tienen capacidad para investigar, perseguir y sancionar a quienes han cometido estos miles de homicidios. Cuando los muertos son producto del fuego entre autoridades y delincuentes se puede concluir, sin investigación alguna, que las personas que enfrentaron con armas de fuego a la policía o al Ejército eran delincuentes. Pero quienes no cayeron en combate directo con la autoridad, sino que fueron producto de ejecuciones aisladas, corren otro destino.

Cada que aparece un muerto con una cartulina clavada, las autoridades en automático encasillan el caso en alguna variante de ajuste de cuentas entre el crímen organizado y sistemáticamente desechan la investigación. El resultado de esta clasificación “de oficio” en la que los muertos que aparecen con una manta o cartulina son relacionados con el crímen organizado, tiene múltiples efectos, todos negativos para la administración de Justicia y para la sociedad. Analicemos dos.

Primero, cuando el Estado renuncia a iniciar investigaciones por estos homicidios, que de oficio le tocaría, está creando una jurisprudencia ilegal al sentenciar de la misma manera todos los casos de homicidios en los que los cuerpos aparecen con una cartulina . Al mostrar incapacidad, negligencia o ambas en la clarificación de estos delitos, el Estado está dando incentivos a que se cometan homicidios no necesariamente relacionados al crimen organizado y que por sus características, las autoridades declararán como casos cerrados o resueltos al tener el sello de la delincuencia organizada. Bajo esta lógica, podría haber homicidios pasionales, por diferencias personales, por diferencias en negocios y por múltiples motivos que, al incluir una manta o cartulina clavada en la escena del crímen, automáticamente serán catalogados como ajustes entre narcos y listo, al siguiente caso. Esto es tan ridículo como que se desechara la investigación de violaciones, por ejemplo, porque todas incluyen violencia sexual.

El segundo aspecto que quiero analizar en esta ocasión, es el daño que se causa a las víctimas y a las familias de personas que no eran parte del crimen organizado y que han aparecido sin vida con estas consignas. Si un marido celoso asesina a su esposa, la arroja a la carretera y le pone una manta con consignas del narco, la víctima y su familia cargarán con el estigma de que la difunta era una delincuente. Y como suele suceder en este país, cae en el agraviado la responsabilidad de descargar pruebas de inocencia, ante un sistema Judicial que asume culpabilidad de facto en todos nosotros. Algunos pocos han podido limpiar su nombre, como el caso de los estudiantes del Tec, pero bajo las condiciones actuales es, más que probable, un hecho que han fallecido centenas o miles de personas inocentes en deshonra y sin posibilidad alguna de que su memoria sea reivindicada.

Aunado a las marchas pidiendo el cese de la violencia, debería erigirse un monumento a la memoria de quienes han fallecido injustamente y en deshonra en esta coyuntura que, aunque no le guste llamarle así al Presidente Calderón, es una guerra.

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