Tras las sangrientas jornadas de la semana pasada, en las que perdieron la vida tres personas relacionadas al Consulado de Estados Unidos en Juárez, y varias decenas de personas más en Tamaulipas, D.F., Nuevo León, Durango, y Guerrero, el Gobierno Mexicano vuelve a estar a la ofensiva, tanto en lo militar como en lo mediático.
Los militares por lo pronto no van a ninguna parte, decisión que comparto con el Gobierno, pues aunque sin duda causan molestias y problemas a las personas que viven en esas entidades, es mejor tenerlos ahí que dejar un hueco que sería ocupado por los cárteles. Eso ocurrió en Colombia en la década de los ochenta y noventa, en donde la seguridad a los civiles en las ciudades de Medellín y Calí, era provista principalmente por cárteles de la droga, quienes eran policías y jueces en las calles e impartían justicia de manera expedita con la pistola en la mano.
La presencia de los militares y Policía Federal tiene dos objetivos estratégicos. El primero es tratar de proveer de un mínimo de seguridad a las personas que viven en esas ciudades e imponer el orden. Este objetivo ha fallado, pues la presencia de soldados y federales en las zonas de conflicto no ha mostrado un descenso en la violencia en esas ciudades y mucho menos una mejoría en la percepción de seguridad que hay entre los ciudadanos.
Pero el segundo objetivo no ha fracasado del todo aún. En la lógica de todo conflicto de baja intensidad o guerra limitada, como el que vivimos en México, uno de los principios fundamentales del Estado es salvaguardar el control territorial de la zona afectada, y aunque ha habido poco o nulo éxito en proveer tranquilidad y paz en esas zonas, es indiscutible que la presencia de los militares reivindica el derecho y la obligación del Estado de controlar el territorio de la Nación. En pocas palabras, el Ejército no se puede ir porque significaría ceder el territorio que dejan a grupos mejor armados que las policías municipales y, en ocasiones, que ellos mismos.
Algunos políticos dicen que los soldados deben regresar a los cuarteles para que las cosas vuelvan a la normalidad, y en mi opinión no lo dicen no de mala fe, sino por ignorancia. A todos nos gustaría vivir en un lugar más tranquilo. Pero si nos vamos a rendir y preferimos la tranquilidad (no la paz) a la soberanía, yo diría que mejor entregáramos ésta última a los gringos o europeos que al crimen organizado. Panamá hace unos veinte años se fue con los malos y ya sabemos cómo acabó la historia: con los Marines en sus calles.
No podemos simplemente dejar a medias lo que ya comenzamos. A la par de los operativos militares, tenemos que dar prioridad a otras áreas que requieren urgente atención en la estrategia contra el crimen organizado. Pero los esfuerzos por generar desarrollo económico y social en las zonas más conflictivas del país, como lo anunció ayer el Presidente, con la construcción de escuelas y centros deportivos en Juárez, son un gasto inútil si no se trabaja a marchas forzadas en la construcción de un sistema de impartición de justicia más eficiente y eficaz.
¿De qué nos sirve tener parques y centros deportivos si nuestros hijos están expuestos a los horrores de la guerra y los criminales pueden violar la Ley sabiendo que no se les atrapará y si se les atrapa, saldrán en 20 minutos?
El desarrollo económico y social es frenado por un sistema que premia a la delincuencia, en todas sus esferas, en México. No me canso de decirlo: mientras no reformemos nuestro sistema judicial completito, con un sistema de juicios orales, ni todos los soldados, ni todas las escuelas, ni parques, ni canchas de futbol ayudarán a que vivamos en un lugar más pacifico.
Recomendación: vean la película “Presunto Culpable” de Roberto Hernández y Geoffrey Smith.
pesquera@gmail.com
Los militares por lo pronto no van a ninguna parte, decisión que comparto con el Gobierno, pues aunque sin duda causan molestias y problemas a las personas que viven en esas entidades, es mejor tenerlos ahí que dejar un hueco que sería ocupado por los cárteles. Eso ocurrió en Colombia en la década de los ochenta y noventa, en donde la seguridad a los civiles en las ciudades de Medellín y Calí, era provista principalmente por cárteles de la droga, quienes eran policías y jueces en las calles e impartían justicia de manera expedita con la pistola en la mano.
La presencia de los militares y Policía Federal tiene dos objetivos estratégicos. El primero es tratar de proveer de un mínimo de seguridad a las personas que viven en esas ciudades e imponer el orden. Este objetivo ha fallado, pues la presencia de soldados y federales en las zonas de conflicto no ha mostrado un descenso en la violencia en esas ciudades y mucho menos una mejoría en la percepción de seguridad que hay entre los ciudadanos.
Pero el segundo objetivo no ha fracasado del todo aún. En la lógica de todo conflicto de baja intensidad o guerra limitada, como el que vivimos en México, uno de los principios fundamentales del Estado es salvaguardar el control territorial de la zona afectada, y aunque ha habido poco o nulo éxito en proveer tranquilidad y paz en esas zonas, es indiscutible que la presencia de los militares reivindica el derecho y la obligación del Estado de controlar el territorio de la Nación. En pocas palabras, el Ejército no se puede ir porque significaría ceder el territorio que dejan a grupos mejor armados que las policías municipales y, en ocasiones, que ellos mismos.
Algunos políticos dicen que los soldados deben regresar a los cuarteles para que las cosas vuelvan a la normalidad, y en mi opinión no lo dicen no de mala fe, sino por ignorancia. A todos nos gustaría vivir en un lugar más tranquilo. Pero si nos vamos a rendir y preferimos la tranquilidad (no la paz) a la soberanía, yo diría que mejor entregáramos ésta última a los gringos o europeos que al crimen organizado. Panamá hace unos veinte años se fue con los malos y ya sabemos cómo acabó la historia: con los Marines en sus calles.
No podemos simplemente dejar a medias lo que ya comenzamos. A la par de los operativos militares, tenemos que dar prioridad a otras áreas que requieren urgente atención en la estrategia contra el crimen organizado. Pero los esfuerzos por generar desarrollo económico y social en las zonas más conflictivas del país, como lo anunció ayer el Presidente, con la construcción de escuelas y centros deportivos en Juárez, son un gasto inútil si no se trabaja a marchas forzadas en la construcción de un sistema de impartición de justicia más eficiente y eficaz.
¿De qué nos sirve tener parques y centros deportivos si nuestros hijos están expuestos a los horrores de la guerra y los criminales pueden violar la Ley sabiendo que no se les atrapará y si se les atrapa, saldrán en 20 minutos?
El desarrollo económico y social es frenado por un sistema que premia a la delincuencia, en todas sus esferas, en México. No me canso de decirlo: mientras no reformemos nuestro sistema judicial completito, con un sistema de juicios orales, ni todos los soldados, ni todas las escuelas, ni parques, ni canchas de futbol ayudarán a que vivamos en un lugar más pacifico.
Recomendación: vean la película “Presunto Culpable” de Roberto Hernández y Geoffrey Smith.
pesquera@gmail.com
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