El despido de
decenas –en algunos casos, cientos- de policías de las diferentes corporaciones
municipales impone retos descomunales a las administraciones locales. Sin
importar el tamaño del municipio, cada entidad vive la tragedia a su escala.
El drama se
vive a varios niveles. Se vive en el impacto que tiene sobre la seguridad
municipal la baja de elementos, generando no sólo un tema de percepción de la
seguridad, sino en la efectividad real de las diferentes corporaciones para
cubrir sus territorios, lo que implica que los elementos que sí permanecen en la policía, tienen que
hacer más turnos y horas de los que hacían regularmente.
Pero una de
las tragedias que no se puede obviar en este doloroso proceso de bajas
policiales es la económica. Vayamos por partes. La ley obliga a los municipios
a someter a sus cuerpos policiales a controles de confianza. Los policías que
no aprueben los controles, tienen que ser dados de baja de la corporación y liquidados económicamente como lo
manda la ley.
El sistema actual
presenta imperfecciones en las mismas pruebas y en los procesos que emanan de
ellas. Una manera de evitar las onerosas liquidaciones que la mayoría de los
municipios tenemos que enfrentar en el proceso de baja, sería que los elementos
que reprueban por vínculos con el crimen organizado, no fueran dados de baja,
sino que se iniciaran procesos penales en su contra, evitando así las
liquidaciones. Sin embargo, los controles de confianza no
arrojan evidencia sólida -que pueda ser sostenida ante un juez- de que el
elemento en cuestión tiene vínculos con los criminales. Las pruebas poligráficas,
toxicológicas, socioeconómicas y muchas más, que se aplican a los policías,
simple y sencillamente no dan elementos para que las Procuradurías Estatales
inicien procesos penales en contra de los policías que están ligados a bandas
criminales. Así pues, se turna a los municipios la responsabilidad de iniciar los procesos de baja, que en lo legal son muy frágiles.
Si los municipios
no tienen reglamentos claros y precisos de los consejos de honor y justicia de
sus cuerpos de seguridad pública, es probable que las demandas por separación
del cargo por los reprobados inconformes lleguen por decenas o centenas, imponiendo cargas
financieras imposibles de cubrir para la mayoría de los municipios.
La ley, bajo
el esquema actual, nos dice que todos los policías que no aprobaron las pruebas
de control de confianza, tienen que ser dados de baja a más tardar en Octubre del presente año. Con esto
dicho, los procesos de baja tienen que estar terminados, si o si, para esa
fecha, so pena de perder apoyos federales para el combate a la inseguridad. Existen algunas variables en la presente ecuación. Una de ellas es que
el Gobierno Federal recién entrado, está revisando la ley en los términos
actuales y en un par de meses emitirá una opinión sobre si las cosas seguirán igual o si habrá modificaciones a la ley. Otra variable es que se extienda el
periodo de cumplimiento de bajas de policías reprobados más allá de Octubre del 2013. Sin embargo, éstas sólo son
posibilidades, no certezas.
En este
contexto, el criterio prudencial que rige tanto las finanzas públicas y
privadas, obligaría a los municipios a generar un pasivo contingente para
abarcar el peor escenario financiero posible respecto a la baja de policías
reprobados en las pruebas.
En el caso del
Municipio de León, hemos hecho cálculos de liquidaciones que rondan los 36
millones de pesos para todos los elementos que no han aprobado
satisfactoriamente las pruebas de confianza. Sin embargo, queda la posibilidad
de que un buen número de elementos decida litigar la decisión de su separación
del cargo. Con inminentes demandas laborales en puerta, el número podría
ser considerablemente mayor. Sobra decir que éste pasivo
oculto no está presupuestado para el presente ejercicio fiscal.
Se plantea con
frecuencia que si las liquidaciones de policías afectan las finanzas
municipales y la respuesta es un rotundo sí. Al no contar con partidas
federales ni estatales especiales para liquidar policías en estas cantidades
(Subsemun sí prevé una pequeña cantidad para liquidaciones de policías), los
municipios tienen que echar mano de recursos propios, endeudarse, pedir adelantos de participaciones, recortar
el gasto, bajar el ritmo de proyectos y programas, vender propiedades
municipales, o una mezcla de todas las anteriores.
La tragedia
financiera que estamos enfrentando todos los municipios, de todos los colores a
causa de los despidos de policías, muestra el desconecte que existe entre la
política pública que se tomó a nivel federal en la pasada administración, y la
realidad que vivimos los municipios. La política bajó del escritorio de los
señores legisladores, hasta parar en los escritorios de funcionarios
municipales que simple y sencillamente no tenemos en la caja de herramientas la
llave que arreglará el desperfecto que nos llegó de allá arriba.
Puede que se
cambie la política federal respecto a las pruebas de confianza de los policías,
puede que no. Puede que se extienda la fecha límite de Octubre para concluir
con las bajas, puede que no. Puede ser que los municipios ganen las demandas
laborales que se interpondrán contra los despidos de los policías, puede que
no. La única certeza es que todos los municipios que enfrentan despidos de policías,
tendrían que estar pensando ahora mismo de dónde sacarán el recurso para pagar
estas liquidaciones y los montos de probables demandas para fines de este año.
Como suele
suceder, nos vemos en la coyuntura de elegir entre la menos mala de muchas
opciones: congelar sueldos y contrataciones, reducir la plantilla de
funcionarios y trabajadores municipales, reducir el gasto corriente, detener obras
y programas que no sean esenciales para el cumplimiento de los programas de
gobierno, congelar apoyos a instituciones y paramunicipales, entre otras
medidas emergentes.
Sin duda, la
profesionalización y depuración de los cuerpos de seguridad municipales es una
prioridad para la Nación. Pero el camino que hay que recorrer entre lo que se
quiere lograr y cómo se va a lograr, esta plagado de incertidumbres y lagunas
que al día de hoy no sabemos cómo resolver a nivel municipal. Sólo hay una constante en el
proceso de profesionalización y depuración de nuestras policías: costará
dinero, mucho, muchísimo dinero a los municipios. ¿Alguien previó eso en algún
momento... o en alguna partida?
Roberto
Pesquera
Tesorero
Municipal de León Guanajuato
